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Supremo venezolano declara inconstitucional ley que pretendía reformarle

Nicolas Maduro junto a la Presidenta del TSJ
La Sala Constitucional venezolana declaró hoy inconstitucional la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sancionada por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), alegando que la iniciativa para esta materia es solo del Poder Judicial.

El TSJ declaró "inconstitucional la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del TSJ, sancionada por la AN (...) en consecuencia, se preserva la vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia" vigente desde octubre de 2010, según indicó el máximo tribunal en la sentencia.

En el fallo se determinó "el vicio de desviación de poder en el que incurrió la Asamblea Nacional, al modificar la conformación de la Sala Constitucional, atendiendo a objetivos políticos", señaló el TSJ en un comunicado difundido poco después de publicada la decisión.

La Sala Constitucional, que con esto responde a una solicitud hecha por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "determinó que la reforma es constitucionalmente írrita (que no genera obligación)".

Esta norma, promovida y aprobada con el voto de los opositores, modificaba, entre otras cosas, la composición de las autoridades del Supremo que debía pasar, de acuerdo a la reforma, de siete a quince magistrados.

Con esta modificación los diputados opositores pretendían influir en la Sala que, sostienen, es controlada por los oficialistas.

"Se advirtió que, atendiendo a la razón jurídica, no fue moderado, ni racional, ni justificado, y tampoco se consideró el equilibrio que debe mantenerse entre las Salas que integran la Plena ni la necesaria previsión presupuestaria; por tanto, la reforma en este aspecto no es razonable ni congruente con el ordenamiento jurídico constitucional", indicó.

Para las autoridades del Poder Judicial "la pretensión" de la AN de incrementar la composición del Tribunal "persigue copar de nuevos integrantes esta instancia judicial para entorpecer la labor de la máxima instancia de protección de la Constitución".

Asimismo la sentencia se refiere a la facultad que tiene el presidente del país que, tal como ocurrió con la propia reforma, puede solicitar al TSJ que revise la constitucionalidad de una norma con la que encuentre discrepancia.

El procedimiento establecido en la reforma "resulta írrito y obstaculiza la misión de la Sala Constitucional como garante y protectora de la Carta Magna, ya que además de someter a sustanciación o trámite un asunto de mero derecho, condiciona el cumplimiento de cualquier sentencia de nulidad a la aprobación de la AN", señaló.

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